Represion estatal a los Pueblos Originarios en Venezuela

Este texto fue escrito por un integrante del Colectivo Editor de El Libertario
www.nodo50.org/ellibertario,
desde donde llamamos a estar atentos a la situación que se denuncia, pues todo hace temer una agresión sangrienta contra las etnias originarias que habitan al occidente del país.

En medio de la maraña informativa condicionada por el referéndum sobre la enmienda constitucional (a realizarse el 15/02/2009), se han omitido graves acontecimientos que vienen ocurriendo en el estado de Zulia, específicamente en la Sierra de Perijá. Se trata de la peligrosa situación que vive la etnia Yukpa con motivo de la recuperación de sus tierras.

Terratenientes ganaderos han ido tomando posesión de terrenos a sabiendas
de que eran propiedad histórica de los Wayúu, Barí y Yukpas. Estos últimos reaccionaron en 2008 ocupando varias haciendas para rescatar lo que ancestralmente les pertenece, ante lo cual el Estado reaccionó prometiendo pagar las bienhechurías construidas por los ganaderos como fórmula de arreglo.

No obstante, esas cancelaciones no se han cumplido y debido a la merma de los petrodólares parece poco probable que ocurra. Ante tal posibilidad los ganaderos han estado presionando a los aborígenes para expulsarlos de las haciendas recuperadas. El sicariato en la zona está a la orden del día y la Guardia Nacional Bolivariana (policia militarizada a las órdenes del gobierno central) ha agredido e intimidado a los que apoyan la causa indígena, situación que afecta también a quienes prestan servicio de transporte allí, que ahora están inhibidos de hacerlo por miedo.

El cacique Yukpa Sabino Romero Izarra se encuentra en peligro porque las amenazas han llovido en su contra y se teme por la acción de asesinos a sueldo, como los que causaron la muerte de su padre centenario hace un par de años. Los organismos de derechos humanos se han movilizado tales como la Sociedad Homo Et Natura - animada por el conocido antropólogo Lusbi Portillo - y la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Han efectuado denuncias ante los tribunales, donde se logró una medida de protección bien tímida porque la Disip (policía política), encargada de cumplirla, solo ocasionalmente se presenta al lugar.

Ante esta terrible coyuntura el Estado ha asumido una conducta cómplice. No es accidental su postura en una zona donde se encuentran las guerrillas colombianas de las F.A.R.C. y el E.L.N., los desplazados del vecino país quienes también lesionan los derechos a la tierra de los aborígenes y para colmo, transnacionales mineras de Irlanda, Brasil, España y Chile, presentes con bendición gubernamental para extraer el carbón de la manera más lesiva al ambiente y a la salud pública.

Es necesario hacer del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional este problema, para detener la escalada de los terratenientes quienes amparados en su posición de fuerza y el incumplimiento/complicidad del Estado quieren apabullar al sector más débil. Asimismo, denunciamos que los activistas por los derechos indígenas y los luchadores ecológicos tienen prohibición de transitar por la zona debido al estado de sitio fáctico impuesto por la Fuerza Armada "revolucionaria y bolivariana".

Mientras el oficialismo y la oposición electoral se rasgan las vestiduras en una pobre campaña, donde sólo se gritan consignas a favor o en contra de la reelección presidencial indefinida sin discutir nada de fondo y cayendo en el leguleyismo más ramplón, están sucediendo estos deprimentes acontecimientos que desnudan la praxis de un modelo político autoritario atenuado por la renta petrolera y donde el militarismo se encuentra en pleno apogeo.

Son expresiones del terrorismo del Estado venezolano cuya trayectoria es indiscutible y abarca desde las desapariciones en los teatros de operaciones en los años sesenta realizados por los alumnos de la Escuela de las Américas, pasando por el genocidio del Caracazo y las masacres de Yumare, Cantaura, El Amparo, "los Amparitos", Llano Alto y la Paragua. Ahora está presente en la Sierra de Perijá y sus destinatarios son las etnias aplastadas por las transnacionales, los ganaderos y los desplazados. Todo bajo el mandato de un gobierno y una legislación que presuntamente benefician a los pueblos originarios.